La Economía del Delito

Por: Willy Anaya

Como todo acto humano y al margen de consideraciones éticas y morales, el delito es un acto netamente económico, que termina generando la aparición de mercados ilegales de muy diversos servicios y productos. El delito es un costo adicional que aparece en todo proceso productivo y de servicio. Se sabe de tal costo, pero no se le puede hacer explicito, y que sin embargo se agrega por algún lado a fin de recuperarlo. Un costo adicional que genera daño a la economía, costo que contribuye a trabar la competencia libre y perjudica a los consumidores, ya que eleva los precios. Esta actividad delictiva forma parte de la economía sumergida, no hay metodología del PBI que lo capture, pero se intuye que mueva miles de millones de dólares.
Lamentablemente el sistema capitalista esta plagado de tales distorsiones, y es nefasto en sistemas como el peruano en donde los grupos empresariales del delito (mafias) se han ramificado y estructurado de tal modo que impiden el desarrollo. Las mafias impiden que la dinámica de la economía consolide un desarrollo armónico. Las mafias solo logran que algunos sectores minoritarios se beneficien, y se generan además costos sociales muy elevados.
Si la mafias atacan al estado, terminan empobreciéndolo y desapareciéndolo, a través de lobbys, logran sacar leyes a favor, por lo general que entorpecen la economía. Todo estructura estatal sea gobierno, municipio es propicia para desarrollar esquemas mafiosos. Quienes se disputan el poder ven a la institución del gobierno como un botín, como una forma de recuperar lo invertido en la campaña.
El análisis costo-beneficio nos permite entender las razones para la aparición del delito, a niveles microeconómicos. Todos los los involucrados, agentes económicos conocidos como: el delincuente, la victima, la policía y el estado, toman sus decisiones en base a este analisis. De esta manera, el análisis costos-beneficio que hacen estos agentes económicos es el siguiente: (1)El delincuente los costos son muy bajos y los beneficios altos, esta por lo tanto motivado a cometer el delito, sabe que ganara mucho y no se le hará nada. (2) La victima, los costos son muy altos para buscar “justicia”, los beneficios son bajos, que sentido tiene perseguir a un delincuente, si talvez, este termine con la victima. (3)La policía, los costos son altos para buscar la captura del delincuente, mucho gasto en gasolina, que toman las diversas persecuciones. Con el adicional que hay que cumplir la austeridad fiscal, por ello solo hay que preocuparse por los robos importantes, como los robos de autos. (4) El Estado, es costoso atender los casos, así como, mantener en las cárceles a los delincuentes, peor construir cárceles. Por ello y ante la falta de espacio, que mejor como alternativa que la detención sea domiciliaria. En todos los casos tenemos como consecuencia la impunidad del delito, la dinámica de estos mercados pone en la dicotomía perversa rentabilidad o “justicia”. Es de esperar ante ello, que sea la rentabilidad la que se superponga a la “justicia”.
Además del costo-beneficio, existe otro elemento económico importante para la toma de decisiones y la aparición del delito: la tasa interna de retorno y el valor actual neto. La tasa interna de retorno siempre es muy alta cuando se trata de capturar una cuota de poder del gobierno, sea este presidente, congresista, alcalde o regidor. Si se quiere ser congresista, elegir un “buen partido” (con buen marketing político) supondría una buena cuota de inversión inicial, los ingresos netos futuros sin embargo, al margen de “ingresos extras” son de exorbitantes mensualidades, durante cinco años, esto puede generar una TIR elevada. La recuperacion de la inversion es rapida, lógicamente esto tipo de negocio es una buena inversión. ¿Que negocio brinda esta rentabilidad?. El intentar ser regidor de algún municipio puede significarle márgenes similares de rentabilidad, con montos de inversión e ingresos netos menores lógicamente. Ahora, en estos casos de manejo del poder, “ingresos adicionales” podría darse buscando fastidiar a las transnacionales a niveles de gobierno, y a nivel municipal tener una gran intención de sembrar cemento en toda la ciudad, es sabido que las constructoras pagan muy buenas “comisiones” por obras urbanas. No se necesita ser muy acucioso para pensar que la mitad de los ingresos municipales se desperdician en obras civiles urbanas.